«El siguiente
paso de la democracia mexicana es la creación de una sociedad de derechos que
logre la inclusión de todos los sectores sociales y reduzca los altos niveles
de desigualdad que hoy existen entre las personas y entre las regiones de
nuestro país.» Pacto Por México.
No tengo la
menor duda que la docena trágica panista en la presidencia de la república se
debió principalmente a la mezquindad pluripartidista —esto, sin
soslayar propios errores de los presidentes—; quiero decir, los dos
sexenios panistas en el gobierno federal no tuvieron la eficacia deseada en
todos los rubros que se propusieron porque tal circunstancia no favorecería a
los partidos políticos opositores y estos se dedicaron a desvalorizar
iniciativas presidenciales y legislativas que de haber prosperado habrían
transformado la triste realidad de amplios sectores sociales; por ejemplo, la
reforma laboral solo se concretó con el aval priista a unas semanas del retorno
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a Los Pinos, siendo que en la
anterior legislatura el PRI no aprobó siquiera la reforma laboral que él mismo
propuso al congreso, exhibiendo un absoluto desprecio a la sociedad mexicana
ávida de soluciones laborales y económicas para afrontar mejor los problemas
del diario vivir.
Sin mencionar
los casos de corrupción que cometieron y siguen propinando servidores públicos
de los diversos partidos, en los tres niveles de gobierno —de lo cual hay
sobrada evidencia todos los días en los medios informativos—, los programas más
exitosos de la administración pública federal son transexenales y, sobre todo,
apartidistas. El programa más significativo desde mi humilde punto de vista
ciudadano es la política monetaria implementada por el gobierno del ex
presidente Zedillo con Guillermo Ortiz como gobernador de Banxico, medida que
el gobierno mexicano impuso a partir de la amarga crisis devaluatoria de
Diciembre’94 y, probada su eficacia, aún continúa vigente.
Otros
programas transexenales llegaron para quedarse, como el Programa Solidaridad,
aunque con malas variantes, y el imprescindible Seguro Popular, a pesar de su
corrupción inicial. Igualmente, el programa modernizador de la aduana iniciado hace
veintidós años, mismo que cumplió su objetivo y ahora es innovador, así como el
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en carreteras, por citar
estos ejemplos.
En el caso de
Petróleos Mexicanos (Pemex), no ha resultado lo mismo porque los programas de
la paraestatal han sido mañosamente supeditados a contratos particulares y
paulatinamente se ha venido desmantelando su infraestructura con un afán de
salvamento privatizador norteamericano, al menos eso es lo que se intentó al
inicio del sexenio anterior con aquellos promocionales del llamado tesoro
profundo y la supuesta exigua reserva en aguas someras, después refutada por
los nuevos hallazgos petrolíferos.
El meollo del
asunto al que deseo llegar es que los partidos políticos necesariamente deben
evitar que programas destinados a mejorar la gestión gubernamental sean
utilizados como trueque para el chantaje partidista con fines electoreros o la
obtención de mayores prerrogativas. La manera para evitar esas coyunturas que
únicamente sirven para fortalecer más a la partidocracia es atendiendo el orden
Constitucional. Todo está en las leyes, lo que se requiere —una obviedad— es la
voluntad de las autoridades para cumplirlas.
El problema
es que a la hora de la verdad, cuando se trata de castigar al funcionario
corrupto o implementar una medida austera que afecte estructuras
gubernamentales partidistas para el bien común de la nación, es cuando empiezan
los arreglos y las negociaciones en lo oscurito para que las cosas sigan igual.
¿Por qué
razón Pemex es obsoleta? Porque hubo funcionarios en la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP) que no destinaron los recursos suficientes para su
modernización y desarrollo, quienes no atendieron los programas de la
paraestatal y nadie les impuso a ellos la corrección debida de conformidad con
la ley.
Instituciones
fundamentales del país están rebasadas por la partidocracia, como la Auditoría
Superior de la Federación (ASF), encargada de fiscalizar la Cuenta Pública a
todo ente que ejerza recursos del Estado, incluyendo a los tres Poderes de la
Unión, organismos autónomos, y particulares. Para los partidócratas, la ASF
—organismo técnico de la cámara de diputados— es un cero a la izquierda en el
combate a la corrupción.
Así, es
imposible suponer que proyectos como el Pacto Por México cumplan su objetivo,
pues las instituciones clave de México son manipuladas por intereses ajenos al
interés general de la nación.
Por lo tanto, el primer paso a llevar a cabo por los firmantes del Pacto Por México, debiera ser respetar las leyes y las instituciones por encima de la política e intereses partidistas, cumplir y mantener vigentes los programas de probada eficacia establecidos en gobiernos anteriores y, respecto a los nuevos acuerdos, anclarlos en una ley para garantizar su cumplimiento transexenal sin importar el partido que nos gobierne.
Por lo tanto, el primer paso a llevar a cabo por los firmantes del Pacto Por México, debiera ser respetar las leyes y las instituciones por encima de la política e intereses partidistas, cumplir y mantener vigentes los programas de probada eficacia establecidos en gobiernos anteriores y, respecto a los nuevos acuerdos, anclarlos en una ley para garantizar su cumplimiento transexenal sin importar el partido que nos gobierne.
