Debatir
sobre el aborto provocado –el abacto, según el diccionario Porrúa– es un tanto
cuanto inútil entre personas de creencias opuestas porque nadie cambia su
postura. Ateos y teístas siempre van a discrepar sobre este tema en virtud de
que existen la conciencia espiritual, la moral, y legal. No solo es un asunto
moral, en el cual intervienen muchos factores que vuelven controversial la
disyuntiva. Proteger la vida, ya sea de un cigoto, feto, persona, bebé o como
se quiera llamar a la unión de los gametos femenino y masculino que forman a la
nueva célula humana individual con vida autónoma propia, debiera ser esencial
en la sociedad. En este caso no debería haber discusión porque el derecho a la
vida es capital sobre cualquier otro derecho.
El
problema de los abactos ilegales –porque se realizan en la clandestinidad– debe
ser resuelto en todos los estados del país independientemente de la creencia en
la existencia o no existencia de Dios, que es cuestión personal. Lo que no se
debe hacer es privar de la libertad a la mujer que está en la terrible
situación de decidir la eliminación de su descendiente, ya que la
responsabilidad de un embarazo no deseado es mayor en el varón que en la mujer,
pues no sería justo que aparte del embarazo la mujer también cargue con la
responsabilidad de procurar el bienestar integral de la criatura. En este
entendido, el hombre también es responsable y merecería el mismo castigo legal
que la mujer y los dos tendrían que ir a la cárcel. No se debe dejar toda
responsabilidad a la mujer que ya carga con el embarazo, o el abacto, en su
caso, que no es cualquier cosa. Por otro lado, si la célula humana no logra
prosperar en la matriz y sucede un aborto, este se debe a razones naturales no
inducidas, y no existiría responsabilidad de ningún tipo para nadie.
Por
lo general, quienes creen que no existe Dios no tienen problema de conciencia
sobre el abacto a diferencia de quienes creen en la existencia de Dios. Pero el
problema es que ya sea legal o ilegal, moral o inmoral, el aborto inducido
existe y es deber de las autoridades sanitarias proporcionar los medios para
proteger la vida de las mujeres que deciden abortar. Así, con un cobro de
recuperación en los hospitales del Estado se cerraría el círculo económico de
la próspera industria hedonista en este rubro copular.
De
no ser porque existe una industria boyante de inmensas ganancias que se ve muy
favorecida debido a la mala educación sexual en la sociedad por la difusión
indiscriminada que se da a la venta de condones, juguetes sexuales, y
concurrencia en moteles, por mencionar unos ejemplos, este problema de los
abortos provocados sería insignificante porque habría otra escala de valores en
las personas.
Lamentablemente,
el gobierno mexicano en lugar de promover la abstinencia hasta el matrimonio
entre donceles y doncellas, que además por su corta edad no tienen la madurez
emocional necesaria y caen en promiscuidad por la incitación publicitaria,
promueve de manera hipócrita a través de spots el uso de
condones en adolescentes (como si dichos condones no costaran y les fuesen a
caer del cielo), lo cual constituye una ilegalidad que sería tipificada como
perversión de menores; de esta forma absurda actúa el gobierno como si
estuviera de acuerdo o fuera socio empresarial de la industria sexual.
