Cuando
personas comisionadas en el servicio de inteligencia de las fuerzas
armadas o policiales, como policías investigadores que andan tras la
pista de presunto delincuente, y que, por falta de elementos
probatorios para presentarlo ante el ministerio público, acuden a la
ciudadanía perteneciente al ámbito social del presunto maleante,
alarmándola sobre los supuestos delitos del investigado con el fin
de conminarla para obtener su colaboración y así obtener ‘pruebas’
–pretextos–
para atraparlo; lo más probable es que este presunto culpable sea
víctima inocente de estos rufianes que dicen realizar una
investigación oficial contra la delincuencia.
Este
tipo de investigadores utiliza lo que llaman en círculos de
espionaje la propaganda negra, la cual no es otra cosa que
ignominiosa calumnia para lograr la colaboración ciudadana. ¿Cuántos
inocentes han sido o están siendo injustamente agraviados, o incluso
sufrido muerte, por culpa de estos criminales que actúan impunes al
pervertir con sus mentiras la inmunidad del servicio público
gubernamental?
Sin
embargo, tal situación se presenta por falta de conocimiento
jurídico por parte de la ciudadanía, pues si esta actuara dentro
del marco legal que nos rige, ignoraría las alarmas ilegales. Así
es, aquel ciudadano que reciba esta serie de avisos sobre algún
presunto malhechor debiera saber que si bien no debe obstaculizar las
labores investigativas de las autoridades competentes, tampoco tiene
obligación de realizar acciones que lleven al presunto inculpado a
estado de indefensión, sobre todo si nos fundamentamos en el simple
dicho de las autoridades que bien sabemos operan asociadas al crimen
organizado, y más que trabajar a favor del Estado constitucional de
derecho, lo que hacen es cuidar sus aviesos intereses.
¿Cuál
es la obligación del ciudadano si recibe aviso de alerta sobre
supuesto delincuente, y cómo debe conducirse en caso que la
autoridad lo conmine a participar en alguna acción investigadora
para capturar al presunto culpable?
En
el actual estado de criminalidad por el que atraviesa nuestra
sociedad debido a la falta de compromiso e ineptitud de las
autoridades encargadas de la impartición de justicia, la primera
sugerencia sería que los ciudadanos se deslindaran de todo
compromiso que implique colaborar con elementos investigadores, pues
no sabemos si de verdad están efectuando labores de investigación
sustentadas en la legalidad o están actuando bajo difamación y
calumnia para hacer daño a su víctima. Esto se logra con la
denuncia respectiva ante el ministerio público del fuero común más
cercano al domicilio donde ocurran los hechos.
Efectivamente,
cuando se presente al ciudadano esta circunstancia y desee evitar una
injusticia, debe acudir ante el ministerio público con objeto de
denunciar a los policías investigadores que pudiesen haber cometido
el delito de difamación y calumnias.
Con
la denuncia, el agente del ministerio público está en obligación
de llamar a cuentas a los policías investigadores y al sospechoso; y
si existiesen los elementos de prueba necesarios, ya sea que se
compruebe la culpabilidad del indiciado o se descubre que los
investigadores actuaron de manera ilegal utilizando propaganda negra,
el agraviado tiene oportunidad de defenderse o de actuar
jurídicamente contra los policías corruptos.
De
esta forma, si con base en las investigaciones el ministerio público
encuentra pruebas contundentes que justifiquen procesar al implicado,
ejercerá las diligencias correspondientes sin violentar garantías
individuales.
