Sedientos de justicia

No existe procuración de justicia en México porque esta no hace ricos a los 'servidores públicos'. Los políticos no tendrían ganancias deshonestas si de verdad se dedicaran a combatir la delincuencia, por ello simulan, y como actores y actrices de telenovelas pasan todo el tiempo actuando frente a cámaras y micrófonos. Es la partidocracia, mercenaria de la oligarquía.

Está de no creerse, pero si por un momento oprimiéramos el botón de muting al televisor y únicamente viéramos la mímica de los políticos y la confrontáramos a la realidad, cualquiera apostaría que los discursos no son contra la delincuencia sino a favor de ella, basta ver las evidencias en nuestra realidad cotidiana.

Algunos mafiosos, políticos sistémicos, tradicionalistas, extienden su fuero constitucional e inmunidad en todo su ámbito de influencia, pero no para bien, no en beneficio de la ciudadanía, al contrario, solo favorecen a la delincuencia, transformando dichas prerrogativas gubernamentales en la endémica impunidad que sufrimos quienes nos vemos copados por la actividad delincuencial, la pública que es el fascismo, y la común, y la cual está organizada por quienes debieran combatirla; sin embargo, no suprimen a la criminalidad porque este flagelo es la fuerza secreta del gobierno mexicano en sus tres niveles. Pruebas de esto hay de sobra, ahí está el testimonio de Ayotzinapa, entre muchos otros.

También sabemos que no todos los políticos con cargo público son perversos, hay excepciones, pero en este tiempo aciago no se ve su influencia ni su honra por ningún lado, ¿dónde andan?, necesitamos valentía y determinación para encontrar el camino de la paz, la seguridad y la prosperidad que no termina de construirse en nuestro país, camino inconcebible en nuestras circunstancias, pero que es real, existe y debemos imponerlo aunque en esto gastemos nuestra vida.

Mas no es necesario llegar a tanto si todos votásemos por partidos políticos incipientes con el fin de desestabilizar al inhumano establishment. Este sería el principio de nuestra emancipación.

El show mediático

Aplaudo el combate a la corrupción y el castigo correctivo a los criminales por parte de las autoridades legalmente constituidas, mas no así el espectáculo propiciado por los medios de comunicación dedicados a hacer leña del árbol caído antes de que un juez dictamine la comisión del presunto delito.

En el caso de la maestra Elba Esther Gordillo Morales era inevitable la algarabía desatada en la sociedad mexicana, pues la maestra es uno de los pilares emblemáticos de la partidocracia, poco faltó para verla integrada al Escudo Nacional, digo esto sin soslayar que –alegóricamente– la maestra está liándose con «Águila», término elucidario que designa al presidente de la república, cuya enérgica iniciativa, a propósito, otorga una renovada autoridad moral a la institución presidencial.

El negrito del arroz es la filtración a los medios informativos, vía twitter, de la ficha signalética de la maestra,  lo cual sí es falta grave a los Derechos Humanos, quedando maculado –debido a este infame hecho­– el proceso legal que enfrenta; esto, de conformidad con el criterio aplicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso de la tan bella como peligrosa Florence Cassez.

Desconozco la legislación correspondiente, pero no parece clara la intervención del gobierno en la fiscalización de los recursos del sindicato. No es dinero procedente de las arcas públicas. La Auditoría Superior de la Federación (ASF), que sería la indicada para intervenir en este asunto si la pecunia fuese del fisco, no tiene la facultad de emitir un dictamen respectivo, pues afectaría a la autonomía sindical violando la Constitución y tratados internacionales que México ha signado. Reitero, es mi opinión indocta, nunca he estado afiliado a sindicato alguno.

Es común y recurrente, con fines lucrativos, la exhibición de casos polémicos por parte de los medios periodísticos y de entretenimiento; ello es lamentable porque en estos reportajes siempre hay víctimas de difamación, independientemente de su culpabilidad o inocencia, en los diversos casos presentados por la prensa y televisión sensacionalistas; así como también una explotación de la imagen de los protagonistas del supuesto escándalo mediático, la cual no es retribuida pecuniariamente como se debiera hacer.

Esta es la cuestión que sugiero, un pago justo a cargo de las televisoras y la prensa escrita por la explotación de la imagen humana cuando las personas exhibidas no hayan convenido publicar su imagen de manera gratuita. No pretendo que los medios paguen a la maestra los derechos de explotación de imagen, esto sería absurdo y ridículo, ella es figura pública y además ‘donataria’ multimillonaria, según se observa.

La sugerencia deriva no tanto de una ocurrencia sino de una genial idea al ver los programas deportivos de televisión, donde la imagen de algunos uniformes deportivos es difuminada por el editor antes de salir a cuadro para no promocionar, indirectamente, la respectiva marca patrocinadora de los deportistas, entendiéndose con esto una justificada intención mercadológica de las televisoras.

Por lo mismo, más importante que el logotipo de cualquier marca comercial es la imagen de las personas, propiamente dicho, cuya explotación –convenida o indirecta– merece retribución económica.

Habría que legislar sobre este asunto, hay motivo para hacerlo; pero, tristemente, algunos que debieran trabajar en esto andan más ocupados en el torito que en sus labores congresistas. Es la partidocracia, ni modo, ¿qué vamos a hacer?

Política pública transexenal

«El siguiente paso de la democracia mexicana es la creación de una sociedad de derechos que logre la inclusión de todos los sectores sociales y reduzca los altos niveles de desigualdad que hoy existen entre las personas y entre las regiones de nuestro país.» Pacto Por México.

No tengo la menor duda que la docena trágica panista en la presidencia de la república se debió principalmente a la mezquindad pluripartidista —esto, sin soslayar propios errores de los presidentes—; quiero decir, los dos sexenios panistas en el gobierno federal no tuvieron la eficacia deseada en todos los rubros que se propusieron porque tal circunstancia no favorecería a los partidos políticos opositores y estos se dedicaron a desvalorizar iniciativas presidenciales y legislativas que de haber prosperado habrían transformado la triste realidad de amplios sectores sociales; por ejemplo, la reforma laboral solo se concretó con el aval priista a unas semanas del retorno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a Los Pinos, siendo que en la anterior legislatura el PRI no aprobó siquiera la reforma laboral que él mismo propuso al congreso, exhibiendo un absoluto desprecio a la sociedad mexicana ávida de soluciones laborales y económicas para afrontar mejor los problemas del diario vivir.

Sin mencionar los casos de corrupción que cometieron y siguen propinando servidores públicos de los diversos partidos, en los tres niveles de gobierno —de lo cual hay sobrada evidencia todos los días en los medios informativos—, los programas más exitosos de la administración pública federal son transexenales y, sobre todo, apartidistas. El programa más significativo desde mi humilde punto de vista ciudadano es la política monetaria implementada por el gobierno del ex presidente Zedillo con Guillermo Ortiz como gobernador de Banxico, medida que el gobierno mexicano impuso a partir de la amarga crisis devaluatoria de Diciembre’94 y, probada su eficacia, aún continúa vigente.

Otros programas transexenales llegaron para quedarse, como el Programa Solidaridad, aunque con malas variantes, y el imprescindible Seguro Popular, a pesar de su corrupción inicial. Igualmente, el programa modernizador de la aduana iniciado hace veintidós años, mismo que cumplió su objetivo y ahora es innovador, así como el de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en carreteras, por citar estos ejemplos.

En el caso de Petróleos Mexicanos (Pemex), no ha resultado lo mismo porque los programas de la paraestatal han sido mañosamente supeditados a contratos particulares y paulatinamente se ha venido desmantelando su infraestructura con un afán de salvamento privatizador norteamericano, al menos eso es lo que se intentó al inicio del sexenio anterior con aquellos promocionales del llamado tesoro profundo y la supuesta exigua reserva en aguas someras, después refutada por los nuevos hallazgos petrolíferos.

El meollo del asunto al que deseo llegar es que los partidos políticos necesariamente deben evitar que programas destinados a mejorar la gestión gubernamental sean utilizados como trueque para el chantaje partidista con fines electoreros o la obtención de mayores prerrogativas. La manera para evitar esas coyunturas que únicamente sirven para fortalecer más a la partidocracia es atendiendo el orden Constitucional. Todo está en las leyes, lo que se requiere —una obviedad— es la voluntad de las autoridades para cumplirlas.

El problema es que a la hora de la verdad, cuando se trata de castigar al funcionario corrupto o implementar una medida austera que afecte estructuras gubernamentales partidistas para el bien común de la nación, es cuando empiezan los arreglos y las negociaciones en lo oscurito para que las cosas sigan igual.

¿Por qué razón Pemex es obsoleta? Porque hubo funcionarios en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que no destinaron los recursos suficientes para su modernización y desarrollo, quienes no atendieron los programas de la paraestatal y nadie les impuso a ellos la corrección debida de conformidad con la ley.

Instituciones fundamentales del país están rebasadas por la partidocracia, como la Auditoría Superior de la Federación (ASF), encargada de fiscalizar la Cuenta Pública a todo ente que ejerza recursos del Estado, incluyendo a los tres Poderes de la Unión, organismos autónomos, y particulares. Para los partidócratas, la ASF —organismo técnico de la cámara de diputados— es un cero a la izquierda en el combate a la corrupción.

Así, es imposible suponer que proyectos como el Pacto Por México cumplan su objetivo, pues las instituciones clave de México son manipuladas por intereses ajenos al interés general de la nación.

        Por lo tanto, el primer paso a llevar a cabo por los firmantes del Pacto Por México, debiera ser respetar las leyes y las instituciones por encima de la política e intereses partidistas, cumplir y mantener vigentes los programas de probada eficacia establecidos en gobiernos anteriores y, respecto a los nuevos acuerdos, anclarlos en una ley para garantizar su cumplimiento transexenal sin importar el partido que nos gobierne.

Candidatura #YoSoy132

         Resultó sorpresivo que la carcacha amarilla que habíamos dejado en el corralón del acróstico surrealista a AMLO “Los necesarios tiempos extras futboleros”, resurgiera ¡turbo cargada! gracias al empujón político apartidista del movimiento estudiantil #YoSoy132 ¿Quién lo hubiera imaginado?

  

Según se sabe, los estudiantes universitarios apoyan a AMLO no porque él pertenezca a partidos de izquierda, pues dichos estudiantes se han declarado apartidistas, sino porque AMLO se ostenta como el cambio verdadero para México, y ellos, los estudiantes universitarios de todo el país, han creído y apuestan su voto de confianza, que es el voto independiente y razonado, por él.

Los jóvenes demuestran con esa postura política apartidista del voto inteligente una genuina cultura cívica, institucional y patriótica, ya que han decidido forjar por sí mismos con su activismo ciudadano pacífico, inofensivo y empático, el futuro de oportunidades que la partidocracia les ha negado.

Por tal motivo, los jóvenes se han atrevido apoyar propuestas políticas que van más allá de ideologías partidistas y se reubican en una cosmovisión de estadistas que a los partidócratas no conviene asumir porque para estos los intereses sectarios de poder están por encima del bien común republicano, tal como han evidenciado en infinidad de ocasiones con los escándalos de corrupción que tan seguido resuenan en México y en los cuales se han visto involucrados.

Ningún líder político del México contemporáneo —desde Luis Donaldo Colosio Murrieta— ha defendido más las causas republicanas como ha hecho el licenciado Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por el partido Movimiento Ciudadano; por ende, ningún político mexicano o activista social de la actualidad tiene autoridad moral para recriminar con razonable justicia y dignidad el patriótico radicalismo nacionalista con que AMLO se conduce.

No hay cabida para incongruencias cuando un movimiento político que se declara apartidista y antipartidócrata apoya una candidatura partidista de alguien que pertenece a la partidocracia —cuantimenos si el IFE negó inconstitucionalmente el registro a candidaturas independientes— siempre y cuando dicho personaje trascienda por sus hechos republicanos en su compromiso por el bien común de la nación. Para el movimiento estudiantil Yo Soy 132, ese es el caso del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador y por eso a él expresa solidaridad y ofrece el voto.

En lo personal, considero que los cuatro candidatos presidenciales son excelentes mexicanos, finísimas personas, todos ellos dignos de respeto y que en realidad desean lo mejor para México, cada quien a su manera y de conformidad a su ideología partidista, pero al momento de ponerlos en una balanza justa; si hemos de medirlos con el mismo rasero, la misma vara, encontraremos que en algunos de ellos el liderazgo político queda supeditado a la preservación de privilegios clasistas, partidistas, mafiosos e intervencionistas, los cuales perjudican todos los ámbitos de la vida nacional.

Ninguna facción sectaria, llámese cacicazgo sindical, confesión religiosa, partido político, cártel delincuencial, empresa transnacional o estado injerencista, permitirá que sus cotos de poder en México se vean disminuidos ni mucho menos cancelados, aunque para mantenerlos tenga que pisotear los derechos más apremiantes del pueblo mexicano.

En esa balanza justa de la que hablamos, contra cualquier pronóstico, saldría ganando el candidato presidencial Gabriel Quadri, postulado por el Partido Nueva Alianza, pues él representa fielmente a los ciudadanos que estamos repudiando a la partidocracia, porque es el más ciudadano de los candidatos presidenciales. Es una lástima que hasta ahora no se haya deslindado de manera formal y categórica de la maestra Elba Esther Gordillo, a quien la mayoría de los mexicanos consideramos antidemocrática por reelegirse perennemente en el liderazgo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Tal vez por esta lamentable indefinición del candidato Gabriel Quadri, el movimiento Yo Soy 132 prefiere respaldar al candidato Andrés Manuel López Obrador, esto a pesar de que Gabriel Quadri cuenta con una magnífica trayectoria profesional que lo califica excelente para convertirlo en el próximo presidente de México.

No obstante, en las circunstancias actuales, considero que el único candidato que ha demostrado resolución ante los diferentes grupos injerencistas ajenos al interés general del pueblo mexicano es Andrés Manuel López Obrador, cuyas propuestas de gobierno habría que analizar detenidamente para advertir que no vayan a resultar perjudiciales, sino benéficas para todo el país, especialmente para los jóvenes, quienes no merecen el destino que los mayores hemos endilgado por nuestra reiterada apatía y pasividad política al permitir que los partidócratas hicieran de las suyas durante tanto tiempo.

Los reporteros republicanos

Una medida toral para realizar el cambio social requerido por México a efecto de luchar contra la subcultura de la transa, la corrupción, el crimen, la partidocracia, es la denuncia ciudadana.

Por ejemplo, la extorsión, la cual existe desde que el PRI es PRI y es parte fundamental de su sistema, pero nadie denunciaba porque resultaba contraproducente. Incluso ahora no existen autoridades encargadas de combatir la extorsión a comercios establecidos y ni siquiera está debidamente tipificada en algunas legislaturas estatales.

¿Qué ocurre? ¿Acaso el gobierno ignoraba que los comerciantes eran extorsionados por delincuentes con el cobro por derecho de piso y falsa protección?

Por supuesto que no, porque el crimen organizado había estado en todo momento controlado por los gobiernos priístas. Sucedió que con el cambio de partido en la presidencia cada quien jaló para su milpita, es decir, veló por sus respectivas ganancias deshonestas, ignorando a la nueva cabeza presidencial.

El actual gobierno apenas unos tres años atrás dio cabida al tema de la extorsión, ocurrió como en el genocidio de Tlatelolco de 1968, ¡transcurrieron treinta años para que Televisa pudiera dar la noticia de aquella matanza! El gobierno conoce todo, no existe una mínima actividad criminal ignorada por el gobierno. El sistema de inteligencia es absoluto en todo el territorio nacional y más allá de las fronteras mexicanas. Sin embargo, tanto al gobierno mexicano como al estadunidense conviene un sistema híbrido de gobierno, donde haya democracia, sí, pero también un poco de anarquismo con mucha violencia y crimen, pues a los grupos de poder no les viene nada mal para los negocios. Que me desmienta el operativo Rápido y furioso, si es que puede; en el cual autoridades estadunidenses y mexicanas urdieron un contrabando de armas de fuego de alto calibre hacia México ¡dizque para saber quién las compraba!, pero nunca tuvieron un control real de eso, según confesaron las autoridades norteamericanas.

El sistema de información gubernamental no sirve a la ciudadanía ni al pueblo, ni a la democracia, sino a grupúsculos conformados al crimen organizado, los cuales alimentan el anarquismo que ha podrido gran parte de las instituciones sociales, y el pueblo sufre esta calamidad en carne propia porque sus nuevas generaciones son vulnerables y fáciles de corromper; esto, provocado por el establishment para que el sistema anárquico abuse de nuestros jóvenes sin que opongan mayor resistencia, cayendo así en la vorágine de gobierno corruptor, sociedad esclava y corrompida.

No obstante, sí puede haber soluciones, una de ellas sería que los sistemas de inteligencia que ahora sirven a los grupos de poder beneficien a la ciudadanía. ¿De qué manera los ciudadanos podríamos cumplir esta misión imposible?

La forma lógica para lograr que los servicios de inteligencia sirvan a la democracia y no a los grupos anarquistas, es reducir la actual nómina gubernamental destinada a los servicios de inteligencia del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la Interpol, así como prescindir de las agencias privadas de espionaje que contrata el gobierno, las cuales resultan perniciosas para la sociedad mexicana, no sólo por su elevadísimo costo, sino porque son muy provechosas para fortalecer al crimen organizado. Reducir 50 por ciento estos recursos para reasignarlos en un servicio de inteligencia eficaz, eficiente y republicano, el cual sea efectuado por profesionales de la información, como reporteros, periodistas y líderes de opinión, quienes han hecho de su actividad verdadera heroína de México, tal como ha quedado plasmado en nuestra historia patria, pero muchos de ellos han sido relegados por oponerse a sinrazones gubernativas nada populares como el malgasto de recursos, o por ser contrarios a intereses sectarios de poder.

Un sistema de información que utilice los servicios de aquellos reporteros destacamentados en campos de batalla ciudadanos, como los comercios legalmente establecidos, y los cuales actúan con sus reportajes contra la delincuencia organizada, donde su actividad periodística monitorea y disuade a los criminales que frenan el empleo, la productividad y el desarrollo.

Recordemos que los reporteros de los diarios más humildes fueron los primeros en denunciar las distintas actividades criminales como la extorsión, trata de blancas y contrabando, por mencionar unos ejemplos; esto, cuando era impensable que se mencionaran dichos crímenes en los programas de información televisivos.

Una vez puestos a la luz los criminales utilizados por la cara oculta del establishment para asolar a la población económicamente activa, las autoridades estarían obligadísimas a actuar, en su defecto, a renunciar, porque este nuevo sistema de información de reporteros republicanos organizaría a la ciudadanía para tomar acción contra servidores públicos corruptos, ineptos y perversos. Estaríamos consolidando así una verdadera democracia y un Estado constitucional de derecho.

El recurso popular de la candidatura independiente

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos –Ley Suprema de México– concede al ciudadano apartidista la oportunidad de competir por puestos de elección popular por medio de la candidatura independiente.

Nuestra Carta Magna menciona en el artículo 41 que «los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática», así como posibilitar que los ciudadanos tengan la opción de ejercer el poder público accediendo a él mediante el sufragio universal en puridad y de manera directa; sin embargo, esto no impide que el ciudadano apartidista ejerza el derecho a ser votado, pues el artículo 35 estipula como prerrogativa del ciudadano: Poder ser votado para todos los cargos de elección popular.

Únicamente el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), ley que debiera fomentar la democracia, es la que en realidad favorece a los grupos fácticos ya que fue adulterada desde su origen, específicamente por la incoherencia del artículo 218, inconstitucional y mal hecho; controversial, porque expresa que solamente los partidos políticos nacionales pueden registrar candidatos a puestos de elección popular.

La anterior tesis la enunció el politólogo doctor José Antonio Crespo en uno de sus artículos periodísticos.

Así, utilizando este señalamiento antidemocrático, la élite gobernante y los grupos fácticos de poder se arrogan el derecho ciudadano de ser votado, creando así una nueva clase de gobierno abyecta y execrable: la partidocracia, anticonstitucional y antidemocrática, alentadora de la impunidad, la corrupción, la ineptitud, la hambre y la violencia, con las cuales la ciudadanía es flagelada sin descanso.

La partidocracia viola el derecho ciudadano de acceso al poder impidiendo la consolidación de un verdadero Estado democrático que sirva al bien común; ignora que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este.

Por tanto, es legítima la aspiración ciudadana que demanda pacífica y democráticamente modificar la actual forma de gobierno partidócrata, la cual está rebasada por el anarquismo que de manera inexplicable no afecta las facciones partidócratas sino las protege, pues existen casos –todavía impunes– de partidócratas que se vieron implicados en actos de concusión y peculado o de vínculos con el crimen organizado, quienes recibieron multas hilarantes o la protección necesaria para evadir a las instituciones de procuración de justicia.

De conformidad con lo anterior, considero oportuno por parte del diputado federal independiente con licencia Manuel de Jesús Clouthier Carrillo, postularse como candidato a la presidencia de la república. El IFE debe aceptar su registro.

Quienes aducen que el IFE está impedido jurídicamente para registrar a Clouthier como candidato, olvidan que el COFIPE –por inconstitucional– ha sido pisoteado por los partidócratas durante el presente proceso electoral, ya que precandidatos únicos realizaron actos anticipados de campaña; además, si el IFE desviara su vocación ciudadana y negara el registro a la candidatura independiente de Manuel de Jesús Clouthier Carrillo para competir por la presidencia de la república, estaría contraviniendo los derechos constitucionales ciudadanos, quedando el propio IFE al margen de nuestra Carta Magna, invalidándose –ahora sí de verdad– jurídicamente para llevar a cabo las elecciones del próximo 1 de julio.

Los ciudadanos independientes, aquellos que no hemos sido cooptados por la partidocracia, tenemos la obligación moral de exigir a los órganos electorales que se rijan conforme a la Constitución Política de México y permitan al pueblo el derecho soberano de elegir una forma de gobierno que garantice comunidades sanas, dignas de una mejor calidad de vida; lo cual sólo se logra en un Estado institucional y democrático.

Los necesarios tiempos extras futboleros

¡Ah! Esta intercampaña nos ha caído bien a todos —no hay estrés—, seguramente está cayendo de perlas a los dos principales candidatos partidócratas punteros, ya que están contentos porque consiguieron dejar en el corralón a la carcacha amarilla. Especialmente porque la partidócrata azul —la respetable señora Josefina Vázquez Mota— sigue aprovechando la estrepada que dejaron su etapa de precandidata y los efectivos discursos de virtual candidata presidencial que realizó por su partido. Como por ejemplo en Sonora que —acarreos aparte— los partidócratas azules han sabido explotar muy bien, incluso durante la veda electoral —gracias a la dichosa estrepada— como se reflejó apenas iniciada la veda en los promocionales televisivos de la encuesta publicada por la revista Correo, donde la candidata azul se impone como la única amenaza para el partidócrata rojo Enrique Peña Nieto.

Mientras, los partidócratas amarillos están cada vez más a la zaga y ahora lo único que podrán hacer para salvaguardar su nada despreciable tercer lugar es dirigir el ataque contra el recién prosélito partidócrata cyan Gabriel Quadri. Sobre este último punto, recuerdo muy bien las declaraciones del partidócrata Andrés Manuel López Obrador cuando —palabras más, palabras menos— manifestó que él continuaría defendiendo el triunfo electoral del 2006 pues la mafia en el poder cometió fraude, y que para la campaña presidencial del 2012 tendría que corresponderle la candidatura a otro político, que así se lo comentó a Marcelo Ebrard; así lo dijo, ¡pero! partidócrata a fin de cuentas, se aferra a la candidatura presidencial del 2012 quitándole la posibilidad a los amarillos de una verdadera opción —no tanto competitiva, sino popular— para conseguir la presidencia de la república.

Lo importante a resaltar aquí es que —como en el futbol— a la final del campeonato siempre, sin excepción, nomás llegan dos contendientes. Así como no podríamos esperar que en el último partido por el campeonato lo disputen dentro de la cancha simultáneamente Tigres, América y Morelia, tampoco podríamos esperar que en el día de la elección la definición resulte de tres candidatos presidenciales, menos si el tercero continúa rezagándose día tras día. Al contrario, la lógica indica que el ganador de la elección quedará entre el primero y segundo lugares desde ahora definidos por las encuestas y, como en una final de futbol, si el árbitro no toma las medidas preventivas correspondientes para un juego limpio, el 1 de julio electoral podría convertirse en una elección no definitoria como ocurrió en el 2006, independientemente que en aquella ocasión fue clara la violación al sistema de cómputo del IFE, entre otras irregularidades documentadas por el Tribunal Electoral.

         Obligar a los dos candidatos presidenciales finalistas respetar un resultado desfavorable no será fácil si la diferencia es mínima, por lo que la autoridad electoral debería estar previendo la posibilidad de una segunda vuelta entre el primero y segundo lugares para evitar un desaguisado a la ciudadanía que es la más afectada por esa ambición partidócrata que no respeta el mandato ciudadano mayoritario de una elección cerrada. Por lo tanto, esta intercampaña también podría servir para obtener una resolución consensual ante notario público por parte de los contendientes presidenciales a favor de una segunda vuelta electoral en caso que la diferencia entre el primero y segundo lugares sea, verbigracia, de más menos cinco puntos porcentuales. Total, al fin y al cabo que para eso también funciona el árbitro, para aplicar su propio criterio normativo cuando las circunstancias lo exijan.

Artículo 218

El registro de candidatos que desean contender por un puesto de elección democrática sin estar afiliados a partidos políticos es negado por el Instituto Federal Electoral, así como por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Cámara de Diputados.

Según entiendo, debido a un ordenamiento de menor jerarquía que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 218 del COFIPE, las candidaturas ciudadanas no pueden obtener el registro ante el IFE. Dicho artículo estipula:

«…Artículo 218

1. Corresponde exclusivamente a los partidos políticos nacionales el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular…»

Es bueno saber, de conformidad con el ordenamiento anterior, que los partidos políticos extranjeros no tienen la exclusividad de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, por lo menos aquí en México.

Lo que no está claro es ante cuál instancia se deben registrar dichos candidatos. Sabemos por costumbre y tradición que los candidatos que desean contender democráticamente por un puesto de elección popular se registran ante el IFE, pero este artículo 218 en cuestión, al que nuestros jueces y magistrados han puesto por encima de la Constitución Política de México, no lo especifica.

Si bien el artículo 3, párrafo 1, del mismo COFIPE establece que «…La aplicación de las normas de este Código corresponde al Instituto Federal Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Cámara de Diputados, en sus respectivos ámbitos de competencia…», en el artículo 218, debido a la importancia que esta norma representa respecto a la exclusividad partidista, era imperativo mencionar ante cuál autoridad, de las tres autoridades mencionadas en el artículo 3, procedía el registro de candidatos.

No ocurre esto con el artículo subsecuente, el 219. En este artículo 219 del COFIPE sí está debidamente señalado ante cuál autoridad los partidos políticos o las coaliciones de partidos presentan las solicitudes de registro de candidatos:

«…Artículo 219

1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deberán integrarse con al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad…»

Así mismo, el artículo 3 en comento, párrafo 2, dice: «…La interpretación se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución…» Por lo que de nuevo tenemos que el artículo 218 también carece de estas cualidades, pues descubrimos que gramaticalmente hay un párrafo incompleto que no logra comunicar en su totalidad el mensaje, sino que da por hecho que todo mundo sabe que es ante el IFE el registro de los candidatos, lo cual no sucede en el siguiente artículo 219 donde sí menciona al Instituto Federal Electoral, como ya señalé.

En cuanto a la virtud sistemática, este artículo 218 contraviene no sólo al propio COFIPE sino al sistema jurídico constitucional, pues transgrede las garantías individuales establecidas en la ley fundamental del Estado mexicano.

Por último, observamos que el citado artículo 218 es un órgano mal implantado, como que está fuera de contexto en una ley que debe exaltar y salvaguardar los valores democráticos de la sociedad mexicana.

*Fragmento editado de mi escrito «Artículo 218», publicado originalmente en http://cibergrillo.webs.com.