Primero,
necesito aclarar que los malos en esta guerra antinarco no somos los ciudadanos
que el 5 de julio pasado no votamos por el PAN. Es decir, en la boleta que nos
proporcionó el IFE se presentaron varias alternativas partidistas; incluso, los
ciudadanos habríamos podido votar por candidatos no registrados o, en el último
caso, anular la boleta electoral
En
conclusión, no necesariamente somos narcotraficantes o secuestradores al haber votado
por un partido opositor al PAN, tal como subliminal o explícitamente nos
bombardearon con los comerciales de televisión y radio para que nos
apropiáramos de tal aberración.
Los
malos o ineficaces tampoco son los soldados del Ejército Mexicano a pesar de
que el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) José Luis Soberanes declare que el crimen
no se combate con más balas porque los criminales tienen más y mejores armas, demostrando
dicho comisionado con esta declaración un evidente desconocimiento sobre las
condiciones del actual equipamiento, de primer nivel, del Ejército Mexicano
De
igual forma, la sentencia de la Human RightsWatch de EE. UU., cuando acusa una «creciente cantidad
de abusos graves cometidos por los militares durante operativos contra el
narcotráfico y de seguridad pública», soslaya el hecho de que la criminalidad
nace, crece y se reproduce cometiendo delitos de toda índole, incluso aquellos
de lesa humanidad, tales como feminicidios, magnicidios, secuestros, explotación sexual infantil, trata de
blancas, tráfico de órganos, tráfico ilegal de personas, terrorismo; así mismo, asesinatos, contrabando de armas, narcotráfico, drogadicción, lavado de dinero,
corrupción, robo, etcétera, y etcétera. ¿Podría existir algún mexicano que no haya sido afectado por, al
menos, uno de los delitos anteriormente mencionados?
Para
rematar, también tenemos declaraciones antagonistas a la guerra antinarco por parte
de legisladores de todos los partidos políticos y varios líderes de opinión.
Sin
el Ejército es muy difícil ganarle la guerra a los cárteles en México porque no
existe una policía civil con la capacidad ofensiva de las fuerzas armadas.
Los
soldados están ganando la batalla a la delincuencia, pero, de seguir con la
misma estrategia, los criminales van a terminar rendidos, en la cárcel o
muertos en combate en un plazo optimista de dos o tres sexenios más, cuando la
cantidad de ejecutados o muertos en combate se haya acrecentado enormemente —en dos años y
medio de enfrentamientos hay más de doce mil muertes—
El
Ejército está dando estos resultados en base a las estrategias planteadas por
el gobierno federal. Sin embargo, mal haría el gobierno en disminuir la
potencia ofensiva contra los cárteles para quitarse la presión de las
organizaciones de Derechos Humanos.
El
problema de la lentitud en la actuación del Ejército se debe a que los soldados
requieren de condiciones más adecuadas para que el enfrentamiento con los
distintos cárteles sea más eficaz, letal, que evite el desgaste propio del
enfrentamiento en igualdad de condiciones o incluso en condiciones adversas
para el Ejército por temor a perjudicar la vida institucional y los derechos
humanos. ¿Acaso los criminales no destruyen la vida institucional y los
derechos humanos cuando van a cobrar mensualmente supuesta protección a los
empresarios y demás ciudadanos? Porque precisamente esto es lo que ocurre en la
mayoría de las entidades federativas del país: Nuevo León, Aguascalientes, Tamaulipas, Coahuila y, que me disculpe el gobernador Peña Nieto, el Estado de
México, por citar unos ejemplos.
Debido
a que México no cuenta con una policía con la capacidad bélica y logística del
Ejército, misma que pueda contrarrestar y nulificar al crimen organizado, el
gobierno federal ha dispuesto que las fuerzas armadas ejerzan las funciones
policiales. Sin embargo, el Ejército, por su propia naturaleza, está impedido a
realizar con eficacia dichas actividades policíacas; además, si lograra
comportarse como la mejor policía del mundo, no estaría a la altura para
contrarrestar la agresividad de las organizaciones criminales que operan en
México. Esta es la razón que valida el Secretario General de la OEA José Miguel Insulza cuando dice: "hacer
frente a las organizaciones de la delincuencia organizada es muy difícil sin la
participación del Ejército".
Los
soldados deben olvidarse de las tácticas policiales y desplegar su naturaleza
bélica contra las bandas criminales que avasallan a la sociedad; no deben caer
en el terreno ideológico de los asesinos que intentan justificarse ante la
corrupción de algunas autoridades gubernamentales; y, necesariamente, también
deben ignorar las críticas desfavorables por parte de las organizaciones de
Derechos Humanos que, al parecer, están más interesadas en que el tráfico de
narcóticos hacia EE. UU. continúe sin problemas. Así mismo, los soldados deben
impedir que los asesinos impongan la agenda criminal.
En
el mismo orden de ideas, sería propio utilizar la facultad
Constitucional del Ejecutivo y
declarar toque de queda para restringir las garantías individuales en aquellas
zonas de violenciaextrema como las ciudades de Morelia y Ciudad Juárez
La
diferencia entre una victoria pírrica que se consiga en veinte años, o un
verdadero triunfo sobre la delincuencia organizada en relativamente pocos años,
estriba en que el Ejército retome las funciones bélicas que le son propias y rechace,
categóricamente, flagelarse con funciones policiales que resultan ineficaces
ante la gravedad de la situación subversiva de los cárteles que han puesto en
vilo a la seguridad nacional.
Los
malos, entonces, son los narcotraficantes, terroristas, secuestradores,
ladrones, asesinos, funcionarios corruptos, contrabandistas, proxenetas, y
demás calaña por el estilo, quienes se han organizado para presentar un frente
común contra la sociedad mexicana y las autoridades.
Artículo del reconocido Jurista
Dr. Raúl Carrancá y Rivas de fecha 6 de agosto de 2009 Las Fuerzas
Armadas y la suspensión de garantías de su Columna El Agua del
Molino.
